Hoy 16 de junio se conmemora el Décimo Aniversario de la aprobación unánime en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

Estos principios, proporcionan un marco global y su aplicación permite obtener a los Estados y las empresas "resultados tangibles para las personas y las comunidades afectadas, y contribuir así también a una globalización socialmente sostenible".
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos está emprendiendo un nuevo proyecto para trazar el curso de una década de acción sobre las empresas y los derechos humanos. Este esfuerzo, informado por amplias consultas con las partes interesadas, hará un balance de los logros alcanzados hasta la fecha, evaluará las lagunas y los desafíos existentes y, lo que es más importante, desarrollará una visión ambiciosa y una hoja de ruta para la implementación más amplia y general de los Principios Rectores de aquí a 2030.
El trabajo temático del Grupo de Trabajo aborda varios temas que deben ser considerados en mayor medida para que la visión de los UNGP se haga realidad durante la próxima década y más allá. Esto incluye la necesidad de:
integrar los pilares "Proteger, Respetar y Remediar" en el contexto de la participación del sector privado en la realización de los ODS ;
reforzar el acceso a un recurso efectivo para las víctimas de abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas, lo que debería ser una prioridad clave para hacer operativa la obligación del Estado de proteger y la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, y que a la larga también contribuirá positivamente a prevenir futuros impactos adversos sobre los derechos humanos;
hacer que la diligencia debida en materia de derechos humanos por parte de las empresas forme parte de las prácticas empresariales habituales , ampliando las buenas prácticas emergentes de las empresas y los inversores, y mediante una normativa eficaz;
conectar las agendas de las empresas con las de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción ;
integrar los UNGP en la política y la práctica de los distintos agentes económicos que posee o controla el Estado ;
desarrollar e incentivar prácticas empresariales e inversoras más responsables en situaciones de conflicto y post-conflicto ;
integrar medidas que tengan en cuenta la perspectiva de género en la política y la acción del Estado y de las empresas, responder a las experiencias únicas de las mujeres y las niñas, así como a la discriminación estructural o las barreras a las que se enfrentan;
reconocer el papel clave de los defensores de los derechos humanos en el apoyo a un futuro sostenible para todos y garantizar la correspondiente actuación de los Estados y las empresas para salvaguardar a los defensores que manifiestan su preocupación por los impactos de los derechos humanos relacionados con las empresas;
potenciar el papel de las instituciones nacionales de derechos humanos;
aprovechar el potencial de los acuerdos de comercio e inversión para promover el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas;
aplicar los UNGP en el contexto de los esfuerzos de mitigación del cambio climático, así como en la transición hacia una economía más ecológica .
El proyecto también se basará en el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre responsabilidad y acceso a los recursos, y sobre cuestiones de empresa y derechos humanos en el espacio tecnológico.
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